Tras cinco días de tensa y agotadora espera, desde que el pasado lunes se cumpliera el plazo dado por la Dirección General de Costas para comenzar con los desalojos y derribos de las últimas viviendas, Cho Vito cayó finalmente ayer.
Antes de las 6.00 horas de la mañana efectivos de la guardia civil y de la policía nacional llegaron al poblado costero, en el municipio de Candelaria, cortaron los accesos y procedieron a iniciar los desalojos de las viviendas que quedaban en la zona tras los derribos de 2008.
A lo largo de toda la mañana se sucedieron escenas tensas y de dolor entre los habitantes que fueron obligados a abandonar sus casas, en las que muchos de ellos han pasado toda su vida.
Vecinos, amigos, simpatizantes y curiosos recibían en la playa a los desalojados entre aplausos y estallidos de rabia contra los efectivos de la Guardia Civil y contra el alcalde del municipio, José Gumersindo García.
Residentes que salían de sus casas por su propia voluntad, arrastrados por los efectivos de seguridad e, incluso, en brazos después de sufrir un desvanecimiento, ya que algunos de ellos cumplieron ayer su cuarto día consecutivo en huelga de hambre. Es el caso de Elba, a quien tuvo que atender una ambulancia y trasladar a un centro médico del municipio.
El portavoz de los afectados, Tomás González, denunció que la policía entró en sus casas sin una orden judicial y el “atropello” que vivieron los vecinos en manos de “esta panda de gorilas”.
“Ha habido malos tratos, hay niños de 13 y 14 años a los que les pusieron la rodilla en el cuello y los tuvieron en el suelo mientras desalojaban a los mayores, y luego los sacaron a porrazos”, relató.
Su mujer, Montse, continuó explicando que la“empujaron contra la cocina” hasta que cayó al suelo y entonces la cogieron “en volandas”. “Ha sido brutal. Ahora mismo a mi hijo Diego lo tuvieron que llevar al Hospital de la Candelaria porque le pegaron, lo empujaron contra todas las paredes y cuando se cayó al suelo le pusieron una rodilla en la nuca y le siguieron dando.
A mi hija de 14 años le dieron dos porrazos y a mi sobrino le partieron dos dedos del pie. Esa es la realidad de cómo actúa en nuestra tierra la guardia civil”.
La casa de Tomás y Montse fue la primera que cayó bajo los golpes de las excavadoras, mientras los vecinos contemplaban con impotencia.
Carlota ya vivió este drama en 2008, cuando su vivienda fue una de las que derribaron. Y ahora vuelve a vivirlo en la piel de su hijo. “Mi hijo se independizó y se compró una casa aquí y tiene escrituras, ayudas del Gobierno, hipoteca y ahora se ha quedado en la calle. Estamos muy mal, hay mucha impotencia. Esto se podría haber arreglado de otra manera si hubieran tenido voluntad política, pero ahí hay intereses”, contó.
Tomás denunció que el acto de ayer fue una “decisión política” para justificar “una obra que les cuesta un millón de euros con fondos europeos para rehabilitar la costa y no para desalojar vecinos”. Arremetió contra el alcalde y la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, por ser tan “falsos”.
Los vecinos que estaban en huelga de hambre decidieron finalizarla y las familias desalojadas ocuparon durante la tarde el salón de plenos del Ayuntamiento, donde varias de ellas pasaron la noche, mientras vecinos y amigos les buscan un alojamiento.
Antonio Alonso, también portavoz, señaló que no ve “solución a corto plazo”. “La gente no está por rendirse pero están destrozados y agotados, ha sido muy duro”, concluyó.
Desde los años 90.
La batalla de Cho Vito se remonta a los años 90. En 1998 el convenio de obras en costas entre el Gobierno central y el canario incluyó un proyecto de paseo y demolición en Cho Vito.
Sin embargo, desde antes de esta fecha Costas ya había iniciado los expedientes para recuperar el dominio público en esa zona, lo que desembocó en sentencias judiciales.
Sería en el año 2006, con la aprobación del Plan General de Ordenación de Candelaria, cuando los vecinos de Cho Vito se enteraron de que sus viviendas estaban afectadas por la consideración de dominio público.
El Ayuntamiento les informó de que la única solución para proteger sus casas sería en base a su valor etnográfico, pero Costas rechazó este argumento. Se dictó sentencia judicial por la que se autorizó a Costas a derribar las viviendas que están en dominio público.
Los primeros derribos en Cho Vito se produjeron finalmente en 2008, cuando se tiraron aproximadamente unas 20 casas, la mayoría de segunda residencia. Cuatro años después Costas derribó ayer las viviendas que quedaban.
El alcalde insiste en la propuesta inicial.
El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, recordó ayer, en un comunicado, que desde el pasado 29 de octubre a los vecinos que aún tenían su única vivienda en Cho Vito se les había propuesto por la Administración del Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria el siguiente acuerdo:
“12.000 euros en el momento del acuerdo, que es el equivalente al alquiler de dos años por si quisieran utilizar el dinero para otra opción (como entrada o mejora de vivienda), el alquiler de una vivienda durante dos años con preferencia para acceder a una vivienda social, en régimen de alquiler, que quede libre en el municipio o de las que están previstas construir por el Ejecutivo y cuyo proyecto ya se encuentra en el Consistorio, debiendo abonar, en ese caso, la mensualidad que corresponda a su situación económica”.
Se incluye, además, la posibilidad de prórroga de alquiler si en el plazo previsto no accedieran a una vivienda. Por todo ello, el alcalde indicó que no entiende que los vecinos después de la demolición que se produjo ayer, prefieran pasar la noche en el salón de plenos del Ayuntamiento antes que aceptar las opciones que les han presentado.
Los vecinos criticaron que el alcalde se personase en el poblado durante los desalojos para reiterar esta propuesta de la Administración y denunciaron que se podría haber dialogado más antes de llegar hasta esta situación.
Publicado en: Diario de Avisos
