Había ganado hasta el momento todas las batallas en el salón de plenos, las urnas lo mantenían con una confortable mayoría absoluta, pero la justicia ha hecho que José Alberto González Reverón ponga fin a su carrera política local, al menos para los cuatro años próximos.
Le queda una posibilidad más, recurrir al Tribunal Constitucional, y lo hará, pero de momento volverá a la empresa privada.
“Ahora solo pienso en comenzar una nueva etapa en mi vida”.
Así lo dijo ayer en probablemente la rueda de prensa más difícil desde 2003, cuando accedió a la alcaldía.
Con cara fúnebre, acompañado del Gobierno, igualmente entristecido, el alcalde presentó su dimisión tras haber sido rechazado el recurso de apelación en la Audiencia Provincial a raíz de una sentencia del 28 de junio que lo condenó a cuatro años y medio a la inhabilitación por prevaricación.
La dimisión, una decisión muy compleja y más desde el poder, ha estado rondando en su cabeza desde que conociese la sentencia, donde el que era concejal de Urbanismo por el Centro de Arona (CAN) Manuel Barrios, quedó absuelto. El empuje de sus fieles concejales ha mantenido a González Reverón en el puesto. Pero la justicia ha dado un golpe definitivo.
El nacionalista insistió ayer en que la causa de la sentencia condenatoria responde a meros expedientes administrativos “que pueden estar bien, mal o regular, pero que se han sobredimensionado”, sostuvo.
El alcalde mantiene un “absoluto respeto a la justicia” pues “forma parte de la sociedad democrática de nuestro país”, dijo.
“La sentencia es injusta, desproporcionada y hasta inhumana. Se me ha condenado por la contratación de dos personas que yo no he contratado, pues me he limitado a renovarlos cuando llego en 2003, porque estos contratos ya habían nacido mal en el origen”.
Actuar “a sabiendas”.
Así, a su juicio “han intentado condenar al que menos tenía que ver en este proceso, pues eran dos trabajadores, dos más de los 75 en esta situación que fuimos regularizando con un plan de empleo a posteriori que culminó a principios del año 2006”, relató.
“Yo no he enchufado a nadie, cosa muy típica en los ayuntamientos de este país y de Canarias”, subrayó.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial fechada el 19 noviembre de 2012 explica, en sus fundamentos de derecho, que el alcalde ha actuado “a sabiendas de la ilegalidad”, “de lo que reiteradamente se le informó”, con reparos.
La sentencia dice que no prorrogó los contratos donde no se superó procedimiento selectivo, sino que “tras la renuncia de dos trabajadoras, como declararon en el Juzgado de Instrucción, les formalizó un contrato de distinta naturaleza y mayor duración, de lo que igualmente fue advertido”.
Esta contratación según dicha sentencia, ha infringido los artículos 9.3 y 23.2 y 91 de la Constitución donde se dice:
“Las corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo ajustándose a los criterios de la normativa estatal; la selección de todo personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública o sistema de concurso u oposición”.
Añaden los artículos que el personal “debe seleccionarse por la propia corporación atendiéndose al principio de igualdad de oportunidades según los requisitos”.
Por otra parte, la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria ha mostrado su apoyo al líder nacionalista. “CC respeta la decisión judicial, si bien no puede compartirla”, dice un comunicado, añadiendo que Reverón ha tomado una decisión “guiada por los principios de coherencia y dignidad e independientemente de lo acontecido, cuenta con el favor y el cariño de una mayoría de sus ciudadanos, y también de toda la organización nacionalista”, sostiene el partido.
No ha querido despedirse el alcalde sin calificar a la oposición (PP PSOE y Ciudadanos por Ahora) como la “más pobre y mediocre que ha pasado por Arona en la etapa democrática”, con un talante “de absoluta obsesión por derribarme, sin propuestas políticas para mejoras el municipio”.
El portavoz del PP, Dionisio Rocha, manifestó que el alcalde “ha agudizado innecesariamente la crisis en la Corporación local esperando un recurso imposible de prosperar”.
El PP se planteará exigir que “devuelva las retribuciones públicas recibidas desde el periodo en que fue condenado por sentencia firme”.
Buscar sustituto.
Quién será el alcalde es una pregunta que todo el mundo se hace. Todavía no se sabe, o no se quiere decir. “Estamos en un diálogo interno”, comento Antonio Sosa, portavoz del Gobierno y uno de los candidatos a ocupar el puesto.
Para sustituir a Reverón habrá un pleno extraordinario donde se tome conocimiento de su renuncia y cuya credencial irá posteriormente a la Junta Electoral.
Esto será “en un plazo de diez días, una semana, tal vez”, según Sosa. “Hasta que el pleno no tome conocimiento, seguirá siendo alcalde”, agregó.
De momento, la próxima semana hay un pleno ordinario, el de final de mes, cuya presidencia es una incógnita. “No sabemos”, según el edil. El último estuvo encabezado por José Niño, concejal de Turismo, y otro de los más cercanos al alcalde, aunque con poca experiencia en la política.
Publicado en: Diario de Avisos
