Este informe del Consultivo señala que corresponde a la Consejería regional de Industria asumir el 80% de la indemnización, "sin perjuicio de que luego se pueda repetir contra los dueños de la galería".
El dictamen insiste en que de haber existido una señal de advertencia de peligro, tal y como exige la legislación, "con toda probabilidad se hubiera evitado el hecho lesivo o, al menos, sus letales efectos, al percibir los excursionistas el peligro, que era conocido por los titulares de la galería y debería haberlo sido por la administración competente", en este caso el Gobierno canario.
Para el Consultivo "está acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y los daños sufridos por los interesados, aunque concurre concausa en la producción del hecho lesivo imputable a éstos, pues su actuación fue imprudente, si bien esta circunstancia solo tiene entidad suficiente para limitar la responsabilidad de la administración".
"El funcionamiento del servicio ha sido deficiente en cuanto que la Administración competente -la Consejería de Industria- no ha cumplido con su deber de vigilancia, sin haber realizado inspecciones periódicas de la galería, no ya con la frecuencia necesaria, sino en absoluto para constatar los diversos incumplimientos de la normativa de seguridad".
Fuente: El Día
